Interesante articulo, no que e dificil tomar partido,dende logo creo que pon mais en duda a xustiza o caso de botin que o de Atutxa, inda que no seu momento, os grupos de presion non tiveron ganas de que o caso botin se convertira nun caso mediatico, polas suas posibles consecuencias, E VIVA BOTIN (que e o que me da de comer).
Una ley, dos interpretaciones contrapuestas. No se sabe si esta circunstancia depende de quién juzga o de quién es juzgado, pero el caso es que con la misma norma en la mano, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el presidente del Banco Santander Emilio Botín ha sido absuelto en el caso de las cesiones de crédito y el ex presidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa ha sido condenado por no haber disuelto la formación ilegalizada Socialista Abertzaleak. Así las cosas, las fuerzas políticas que gobiernan Euskadi han convocado para mañana a las 18,00 horas una manifestación en apoyo de Atutxa y del actual presidente vasco José María Ibarretxe, también en los tribunales por reunirse con miembros de Batasuna durante el llamado 'alto el fuego permanente' de ETA.
La ya conocida como 'doctrina Botín' es fruto de una particular interpretación del magistrado que juzgaba el caso de las cesiones de crédito del Santander, Javier Gómez Bermúdez. El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entendió que "no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular" y esta decisión fue ratificada por el Supremo el pasado 3 de diciembre, aunque con votos particulares cuyo contenido era manifiestamente ambigüo. Bermúdez se basaba en la modificación de 2003 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque la que se especifica que se puede elaborar un escrito de acusación tanto la Fiscalía como la acusación particular. Entendiendo que la acusación popular quedaba fuera de esta opción.
Cabe recordar que la acusación particular se refiere a los afectados.
y la popular a la sociedad civil a través de asociaciones, sindicatos, partidos políticos, etcétera.
Y que, pese a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo especifique en sus artículos a la particular, la jurisprudencia española de los últimos 125 años engloba en este término a las dos opciones: particular y popular. Por tanto, Bermúdez había obviado más de un siglo de jurisprudencia.
No obstante, después de la sorpresa de la 'doctrina Botín', el pasado martes se dio la circunstancia contraria. El Supremo avalaba la tesis opuesta en el caso Atutxa y el ex mandatario ha sido condenado junto los ex miembros de la Mesa de esta Cámara Kontxi Bilbao y Gorka Knorr por un delito de desobediencia a la autoridad judicial por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. En esta ocasión, el Supremo estimó por mayoría el escrito de la acusación popular efectuada por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias.
La bronca está montada. En un comunicado, los partidos que conforman el Gobierno Vasco (PNV, EA y EB) ha señalado que la manifestación se ha convocado ante la "gravísima situación política generada por la decisión del Alto Tribual de condenar" a Juan Mari Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por defender la autonomía del Parlamento Vasco. Además, claman en esta ocasión por un sistema judicial propio para los vascos.
Tres tesis para una sentencia
Aún se desconoce el contenido de la sentencia del Supremo en el caso Atutxa, así como la de los votos particulares, pero se auguran tres posibles tesis.
El abogado Fernando García Calero, representante legal de la acusación popular del Foro de Ermua contra Ibarretxe, Patxi López y Arnaldo Otegi explicó a El Confidencial estima que el Supremo puede,
- en primer lugar, "haber rectificado la 'doctrina Botín' porque se trata de una sentencia contra 125 años de jurisprudencia;
- en segundo lugar, que estime que la acusación popular sólo puede ser considerada como acusación cuando hay un perjudicado particular;
- y, en tercer lugar y menos probable, que en el juicio no se haya alegado la falta de legitimidad de la acusación popular".
García Calero considera la 'doctrina Botín' como una aberración: "Esto es gravísimo porque significaría que en los delitos de medio ambiente, prevaricación o corrupción de todo tipo en la que lo que se defiende es el bien público, es decir, no hay ningún afectado ni acusación particular, con la anulación de la acusación popular sólo el Ministerio Fiscal podría denunciar. Una institución regentada por una persona elegida por el Gobierno", con el consecuente conflicto de intereses y/o politización manifiesta de la Justicia.
El Foro de Ermua confía en que los magistrados del Supremo se hayan basado en una de las dos primeras tesis expuestas: "Si es así, se podrá juzgar a Ibarretxe, por ejemplo". En cuanto a la manifestación del sábado, su portavoz, Antonio María Aguirre, considera que la insistencia "en que los vascos tengamos un sistema judicial propio es la reiteración del deseo más íntimo del PNV de nombrar a los jueces en los batzokis. La manifestación del sábado se parecerá mucho a las que se celebraban el 19 de junio en conmemoración de la liberación de Bilbao por las tropas franquistas".
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